La creación de una nueva provincia en el sector oriental de la antigua provincia y reino de Granada provocó un intenso debate tanto en torno a su delimitación territorial como, sobre todo, en la determinación del municipio que debería ostentar la capitalidad de la nueva jurisdicción administrativa. El debate quedó decidido durante el Trienio Liberal (1820-1823), cuando las Cortes, depositarias en exclusiva de la soberanía nacional, debatieron y decidieron la nueva configuración del territorio español dividido en 49 provincias. En 1823, con la restauración del absolutismo, quedó suprimida esta nueva organización. 

Once años después el decreto del ministro de Fomento Javier de Burgos de noviembre de 1833, aprueba definitivamente la división del territorio español que todavía subsiste. Su contenido vino a confirmar mayoritariamente lo que se decidió en las Cortes liberales en enero de 1822, con algunas modificaciones menores (en el caso de la provincia almeriense, con el añadido del municipio de Adra).